- Sobre todo, a causa de la política intervencionista y arancelaria de Donald Trump, cuyos efectos económicos terminaron por encender las alarmas en el empresariado regional.
David Guillén Patiño.
La historia de amenazas de intervención militar en México por parte de Estados Unidos comenzó en 2017, pero su punto de quiebre tuvo lugar apenas en el arranque de 2026. La voz de alarma viene del empresariado de Coahuila, por un drástico encarecimiento de los seguros, como efecto de lo que ahora se da en llamar “la tormenta perfecta”. Se trata de la combinación de factores fiscales internos, la acre política arancelaria del presidente de la Unión Americana, Donald Trump y, el ingrediente detonante: su reiterada amenaza de intervenir militarmente a México para supuestamente combatir al narcotráfico.
Organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estiman que las pólizas se elevarán entre 10% y 20% este año. En un tono más realista, fuentes empresariales de la Región Sureste de Coahuila me aseguran que el aumento será de por lo menos 40 puntos porcentuales.
Que se hayan disparado las primas de seguros no es asunto menor: de recrudecerse o cumplirse en algún sentido los amagos del presidente estadounidense, el descalabro en los costos de aseguramiento podría alcanzar el 60%, al menos para las empresas de la región.
La alarma no es para menos si se considera que el aumento del riesgo país funciona como un «efecto dominó» que encarece casi todas las actividades económicas de una nación. Dicho de otra manera, el aumento del riesgo país actúa como un impuesto invisible que amenaza seriamente con hacer más cara la estructura productiva de México.
En el contexto de 2026, las nuevas cargas del fisco mexicano, pero sobre todo la citada retórica de intervención militar, han elevado este indicador. El impacto se siente de forma inmediata en cuatro frentes críticos: Encarecimiento de la deuda pública, aumento en las tasas de interés al consumidor, presión sobre el tipo de cambio como de la inflación, y freno a la inversión extranjera (nearshoring).
De lo anterior se infiere que, en el gasto público, la presión es hacia el pago de mayores intereses, lo que se traduce en menos dinero público para becas y hospitales, por ejemplo.
En materia de inversión privada, la tendencia es hacia la cancelación de proyectos, es decir, una disminución en los niveles de crecimiento y, por ende, en la creación de empleos.
Los créditos se restringen con tasas de interés más elevadas, lo que plantea mayor dificultad para liquidar adeudos. En relación con los precios al consumidor, estos se ven impactados por una inflación “importada”, que aumenta el costo de la canasta básica.
En suma, el aumento del riesgo país no es solo una cifra técnica para financieros, sino una señal de alerta que termina reduciendo el poder adquisitivo de los mexicanos y frenando el crecimiento económico del país.
En Coahuila, la insuficiente generación de puestos de trabajo, la escasa inversión extranjera directa y los despidos masivos de trabajadores, como el que acaba de registrarse en General Motors, podrían representar el inicio de una debacle económica. Un punto a destacar en vista del actual contexto es que, por lo menos desde marzo del año pasado Donald Trump ha pedido a las armadoras de autos que trasladen sus plantas a Estados Unidos. “No quiero autos de México”, ha expresado el mandatario del vecino país.
La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) plantea un riesgo adicional real para la economía mexicana. Desde luego, se requiere una postura más sagaz por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en sus relaciones diplomáticas y comerciales con la administración Trump. Al mismo tiempo, se antoja urgente la reestructuración de la estrategia de crecimiento económico, tanto a nivel federal, como estatal, antes de que el futuro nos alcance.
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