Ciudad de México, 6 de mayo de 2026.- El exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, defendió sus recientes declaraciones sobre la situación política y de seguridad en esa entidad, al sostener que su experiencia al frente del estado le da elementos suficientes para opinar sobre la solicitud de extradición que enfrenta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La controversia se reavivó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la postura del exmandatario priista, quien se pronunció a favor de que el Gobierno mexicano atienda la petición presentada por la fiscalía del distrito sur de Nueva York.
Ante ello, Labastida aclaró que no busca asumir funciones judiciales ni emitir una condena anticipada, pero consideró que México está obligado a actuar conforme al tratado bilateral de extradición vigente con Estados Unidos, al tratarse de un compromiso jurídico internacional.
El exfuncionario señaló que el cumplimiento de dicho acuerdo no representa una relación de subordinación frente al gobierno estadounidense, sino la aplicación del marco legal suscrito entre ambas naciones, por lo que insistió en que cualquier decisión debe apegarse estrictamente a derecho.
Labastida recordó que conoce de primera mano la evolución del fenómeno del narcotráfico en Sinaloa, al haber encabezado el gobierno estatal entre 1987 y 1992, una etapa en la que, afirmó, ya era visible el fortalecimiento de estructuras criminales que con el tiempo derivaron en organizaciones delictivas de mayor alcance.
En ese contexto, relató que durante su administración impulsó una depuración de la policía estatal mediante evaluaciones internas, proceso que derivó en la separación de una parte importante de los elementos y en procedimientos penales contra mandos señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
El exgobernador también hizo referencia al asesinato de la activista sinaloense Norma Corona, ocurrido en 1990, caso que retomó para señalar presuntas prácticas de encubrimiento institucional que, según dijo, históricamente han obstaculizado el combate efectivo al crimen organizado.
Asimismo, rechazó los señalamientos que en distintos momentos lo vincularon con grupos criminales y sostuvo que, durante su gestión, se emprendieron acciones para contener la violencia y enfrentar redes de corrupción enquistadas en corporaciones de seguridad.
Labastida lamentó además que, a su juicio, el poder del narcotráfico se haya consolidado en administraciones posteriores y recordó que durante el proceso electoral sinaloense de 2021 observó presuntas presiones e irregularidades que, aseguró, fueron denunciadas por la oposición.
Respecto al caso de Rocha Moya, el exsenador dijo mantener una postura ambivalente: consideró positivo que existan investigaciones contra posibles vínculos criminales, pero cuestionó que estas provengan de autoridades estadounidenses y no de instancias mexicanas.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente atención pública sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y extradición, particularmente tras diversos procesos judiciales promovidos por cortes estadounidenses contra funcionarios y operadores políticos presuntamente relacionados con organizaciones delictivas.
