Las acusaciones presentadas por autoridades judiciales de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han ampliado el foco de atención hacia la estructura política que impulsó su llegada al gobierno estatal en 2021 y hacia varios colaboradores que posteriormente ocuparon posiciones estratégicas dentro de la administración sinaloense.
El caso tomó fuerza luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizara cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señala por presunta colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos. Las acusaciones, contenidas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que existió una supuesta red de protección institucional a cambio de sobornos y respaldo político.
Tras hacerse pública la imputación, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo para facilitar las investigaciones y negó de manera categórica las acusaciones, calificándolas como falsas. Paralelamente, la Fiscalía General de la República informó que solicitó a Estados Unidos mayores elementos probatorios antes de emprender cualquier acción judicial en territorio mexicano.
La controversia ha colocado nuevamente bajo revisión el proceso interno mediante el cual Morena definió su candidatura para la gubernatura de Sinaloa en 2021.
Diversos reportes periodísticos señalan que la nominación de Rocha Moya estuvo acompañada de intensa operación política al interior del partido, con la participación de figuras nacionales y operadores cercanos al proyecto de la Cuarta Transformación.
En ese contexto, también se han revisado los nombramientos realizados durante su administración, particularmente en áreas clave de seguridad, gobernabilidad y operación política estatal.
Entre los nombres mencionados en diversas investigaciones periodísticas aparecen excolaboradores de campaña, operadores partidistas y funcionarios que posteriormente ocuparon cargos relevantes dentro del gabinete estatal y gobiernos municipales.
Especialistas consultados por medios nacionales han advertido que, más allá del desenlace judicial del caso, el expediente ha generado una nueva discusión sobre los mecanismos de control interno de los partidos políticos, los procesos de selección de candidaturas y la supervisión institucional sobre administraciones estatales.
El gobierno federal ha reiterado que cualquier determinación deberá sustentarse exclusivamente en pruebas verificables y en los procedimientos legales correspondientes.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso representa uno de los episodios de mayor impacto político en Sinaloa en los últimos años, al involucrar señalamientos internacionales contra un mandatario emanado del partido gobernante y contra integrantes de su círculo político más cercano.
