Ciudad de México.— La disputa política entre Morena y el PRI por la situación jurídica de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor, derivó este miércoles en un enfrentamiento físico entre los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, ocurrido en el patio central del Senado de la República.
El incidente se registró después de que Ávila ofreciera declaraciones a medios de comunicación sobre la posibilidad de reactivar el procedimiento de desafuero contra Moreno. El legislador morenista afirmó que existen investigaciones y una solicitud relacionada con el dirigente priista, aunque diversos señalamientos expuestos durante la confrontación corresponden a acusaciones políticas que no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.
Durante sus declaraciones, Ávila hizo referencia a presuntas irregularidades patrimoniales atribuidas a Moreno y mencionó cifras millonarias sobre un supuesto daño al erario. Esos montos forman parte de los señalamientos políticos planteados por el legislador y no deben considerarse como daños acreditados judicialmente.
El morenista también retomó información difundida años atrás por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre propiedades vinculadas con Alejandro Moreno, familiares y colaboradores. Una investigación publicada en 2022 documentó 35 casas y terrenos en Campeche relacionados con Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas y el arquitecto Juan José Salazar Ferrer.
La información sobre esas propiedades ha sido objeto de controversia desde entonces. Moreno ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos en su contra forman parte de una persecución política.
Después de las declaraciones de Ávila, Mancilla se acercó para reclamarle por los señalamientos contra el dirigente priista y cuestionó también las acusaciones realizadas anteriormente por otros integrantes de Morena.
El diputado del PRI defendió públicamente a Moreno y afirmó que su bancada mantendrá su respaldo al dirigente nacional del partido. Durante el intercambio, Mancilla lanzó a su vez acusaciones contra el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y contra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, relacionadas con presuntos actos de corrupción y manejo irregular de recursos.
Esas acusaciones fueron formuladas durante la confrontación política y, al igual que las expresadas por Ávila, no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales.
La discusión subió de tono rápidamente. Videos difundidos en redes sociales muestran a ambos legisladores intercambiando insultos y acusaciones, hasta que el enfrentamiento verbal se convirtió en empujones y jaloneos ante otras personas que se encontraban en las instalaciones del Senado.
Ávila acusó a Mancilla de amenazarlo y sostuvo que se pretendía censurar a la oposición, mientras que el priista respondió con señalamientos contra el legislador morenista. La confrontación terminó cuando Ávila se retiró del lugar.
El episodio se suma a una serie de choques entre legisladores de ambos partidos alrededor de Alejandro Moreno, cuya situación política y jurídica volvió a colocarse en el centro del debate nacional.
El antecedente del desafuero se remonta a 2022, cuando la Cámara de Diputados instaló una Sección Instructora para analizar una solicitud presentada contra Moreno por la Fiscalía de Campeche. El procedimiento ha sido objeto de distintos episodios políticos y legislativos desde entonces.
La confrontación actual ocurre además después de que Moreno informó el 10 de agosto que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
De acuerdo con el propio PRI, la denuncia está relacionada con una determinación del INE que ordenó retirar publicaciones en las que Moreno calificó a Morena como “narcopartido”. El dirigente priista afirmó que recurrió a la legislación estadounidense conocida como Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.
La denuncia corresponde a lo informado públicamente por Moreno y su partido. Hasta el momento, no se ha informado de una determinación del Departamento de Estado estadounidense que confirme los señalamientos planteados por el dirigente priista.
El nuevo enfrentamiento evidencia el nivel de tensión que existe entre Morena y el PRI alrededor de la situación de Alejandro Moreno, en un contexto en el que ambos grupos políticos han intercambiado acusaciones de corrupción, persecución política y posibles vínculos con actividades delictivas, sin que tales señalamientos impliquen por sí mismos responsabilidades judicialmente acreditadas.
