Ciudad de México, 23 de abril de 2026.- Claudia Sheinbaum podría quedar marcada por episodios recientes en los que su gobierno reaccionó a hechos relevantes una vez que ya estaban en curso. Entre ellos destacan el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua sin conocimiento previo del gobierno federal.
En el caso del operativo contra “El Mencho”, la mandataria explicó que fue notificada cuando la acción ya se encontraba en desarrollo. Según su versión, recibió una llamada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en las primeras horas del día, lo que derivó en la instalación de un puesto de mando y en la coordinación inmediata con el gabinete de seguridad.
Ese mismo día, mientras se desarrollaban los hechos, Sheinbaum se encontraba en Coahuila cumpliendo agenda pública. Al ser cuestionada, evitó proporcionar detalles y remitió la información al gabinete correspondiente. Posteriormente confirmó que el flujo de información se dio conforme avanzaba el operativo, no antes.
El segundo episodio ocurrió en Chihuahua tras un accidente carretero en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses y dos mexicanos. Inicialmente identificados como personal vinculado a la embajada de Estados Unidos, posteriormente se indicó que tenían relación con labores de inteligencia. La presidenta reconoció que su administración no tenía conocimiento previo de la presencia de estos agentes ni de la colaboración establecida a nivel estatal.
Ante este hecho, Sheinbaum solicitó explicaciones tanto al gobierno estatal como a autoridades de Estados Unidos, subrayando que cualquier cooperación en materia de seguridad debe canalizarse exclusivamente a través del gobierno federal. Reiteró que no está permitido que agentes extranjeros realicen actividades operativas en territorio nacional sin autorización.
Ambos casos coinciden en un elemento central: la información llegó al Ejecutivo federal cuando los acontecimientos ya estaban en curso o incluso después de ocurridos. En el plano institucional, la Presidencia tiene la responsabilidad directa de la seguridad nacional, lo que implica supervisión de operaciones estratégicas y control sobre la participación de actores extranjeros.
De acuerdo con el marco legal vigente, instancias como el Centro Nacional de Inteligencia deben procesar y escalar información crítica relacionada con amenazas, operativos relevantes o presencia extranjera. Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional establece límites claros a la actuación de agentes de otros países, restringiendo su función a labores de enlace y bajo supervisión formal.
Los hechos recientes han abierto cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación, flujo de inteligencia y control operativo dentro del aparato de seguridad nacional, particularmente en situaciones que involucran objetivos prioritarios o participación internacional.
