Fernando Rangel de León.
Antes de entrar en materia, comento que acaba de darse la noticia de que en la madrugada de este jueves 30 de abril, mataron al secretario del síndico municipal de Culiacán, Sinaloa; hecho que puede estar relacionado de alguna manera con lo que está pasando en esa ciudad con motivo de la acusación formulada por el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, según información del representante de la agencia antidrogas de Estados Unidos ( DEA) Terrance C. Cole, contra figuras nacionales.
“El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios y ex funcionarios de esa entidad fueron acusados formalmente de vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pena mínima que alcanzaría cada uno de ellos sería de 50 años de prisión.”
“Los señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa son el gobernador Rocha Mora; el senador Enrique Inzunza, quien se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Jorge Alberto Contreras Núñez, ex de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, ex director Adjunto de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil; alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.”
“Todos ellos son señalados de los delitos de «conspiración de importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos» y colaboraron para que los «líderes del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos».
Esta grave denuncia pone en una encrucijada a México, porque en caso de existir evidencias que demuestren la responsabilidad penal de los denunciados la Fiscalía General de la República FGR, debe de aportarlas en la carpeta de investigación que abra en este caso para que una vez integrada debidamente el Ministerio Público de la Federación, ejercite la acción penal ante un Juez de Distrito en materia penal; y si no lo hace, entonces las autoridades norteamericanas podrían aportarlas en la solicitud de extradición para llevar a su país a los denunciados ante las autoridades estadounidenses por el daño que la conducta de éstos causó a EEUU.
En el primer caso este gobierno de la 4T, que ha pregonado que no es igual a los anteriores, debe de dejar que las autoridades actúen estrictamente conforme a derecho para que se proceda en consecuencia sin darle impunidad a absolutamente a nadie ya que la impunidad es la madre de la corrupción, a fin de que sirva de escarmiento para los actuales y venideros gobernantes que no deben llegar a los puestos públicos por el dinero sucio del narcotráfico sino única y exclusivamente por los votos de los ciudadanos, aunque sean pobres.
