El Comité Ejecutivo Nacional de Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 134.9 millones de pesos mediante 252 mil 901 pagos durante 2024, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos y analizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los recursos fueron distribuidos bajo el concepto de “apoyos económicos” y formaron parte de un contrato firmado en junio de 2022, cuando Mario Delgado encabezaba la dirigencia nacional de Morena. En total, entre 2022 y 2024, el convenio permitió realizar 276 mil 627 operaciones por un monto acumulado de 144.5 millones de pesos.
La mayor concentración de operaciones ocurrió precisamente durante el año electoral. En 2022 se dispersaron 4.3 millones de pesos mediante 10 mil 999 pagos, mientras que en 2023 fueron 5.3 millones a través de 12 mil 727 operaciones. Para 2024, el número de pagos aumentó hasta 252 mil 901 y el monto alcanzó 134.9 millones de pesos, con un promedio aproximado de 533 pesos por operación.
Una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de Finabien documentó que, al 28 de junio de 2024, ya se habían efectuado 140 mil 878 operaciones relacionadas con el contrato. La fecha se ubicó semanas después de la elección federal del 2 de junio, en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia y Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría en el Congreso.
El mismo proceso de fiscalización detectó deficiencias en los mecanismos de control asociados con la operación. De acuerdo con el reporte difundido por MCCI, la auditoría señaló que no se identificaron acciones o protocolos específicos relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras disposiciones regulatorias.
Otro punto señalado por la investigación es que los 134.9 millones de pesos dispersados durante 2024 no fueron identificados por MCCI en los informes de gastos electorales presentados por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
En los reportes de campaña de 2024, Morena informó gastos por 154.9 millones de pesos correspondientes a 5 mil 240 operaciones de sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. En el caso de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, el partido reportó gastos por 425.8 millones de pesos. Sin embargo, la revisión de MCCI no encontró en esos documentos el monto correspondiente a los pagos realizados mediante Finabien.
La investigación también establece una comparación con el denominado Monexgate de 2012. Según MCCI, los 134.9 millones de pesos dispersados por Morena en 2024 representan aproximadamente el doble de los 70.8 millones de pesos que autoridades electorales determinaron que fueron distribuidos mediante tarjetas vinculadas con aquel caso.
El esquema no terminó con el contrato firmado durante la dirigencia de Mario Delgado. MCCI documentó que en abril de 2025, ya con Luisa María Alcalde al frente de Morena y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización, el partido suscribió un nuevo convenio con Finabien para realizar servicios similares.
Los contratos obtenidos mediante solicitudes de transparencia tampoco permiten conocer por sí solos algunos elementos del flujo financiero, como la cuenta bancaria desde la cual Morena transfirió los recursos a Finabien, el monto total previsto para la operación o el periodo disponible para que los beneficiarios cobraran los pagos.
Finabien rechazó que su participación haya sido irregular y sostuvo que únicamente proporcionó el servicio contratado para realizar giros telegráficos a grandes usuarios. La institución también señaló que no tiene atribuciones para fiscalizar los gastos de los partidos políticos, función que corresponde al INE.
La documentación disponible permite establecer que durante 2024 se dispersaron 134.9 millones de pesos mediante Finabien a nombre del CEN de Morena y que el contrato acumuló 144.5 millones de pesos en operaciones realizadas entre 2022 y 2024.
La investigación de MCCI no establece que estos recursos hayan determinado el resultado de la elección presidencial de 2024. Sin embargo, plantea cuestionamientos sobre su registro y fiscalización electoral, particularmente porque la mayor parte del dinero fue dispersada durante el año en que se realizaron los comicios federales.
