La decisión de designar al senador y exgobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde interino de Torreón, tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, representa mucho más que un simple relevo institucional. Es un movimiento que vuelve a poner sobre la mesa, los equilibrios de poder en Coahuila y la disputa por el futuro político de la principal ciudad de La Laguna.
Aunque la prioridad debe ser garantizar la seguridad, la estabilidad administrativa al igual que dar continuidad al gobierno municipal, la atención se ha centrado rápidamente en las consecuencias políticas de esta designación.
Diversas versiones señalan que la decisión no es del agrado de importantes liderazgos priistas, entre ellos el exgobernador y diputado federal Rubén Moreira Valdés, así como del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes, según personas cercanas, respaldaban a la exsenadora Verónica Martínez García para asumir esa responsabilidad.
El PRI de Coahuila continúa siendo un partido donde las decisiones más importantes no siempre responden únicamente a criterios administrativos o de gobierno, sino también a complejos acuerdos entre los distintos grupos políticos que lo integran.
Resulta inevitable recordar que Miguel Ángel Riquelme contó con el respaldo del grupo encabezado por Rubén Moreira. Hoy, el panorama parece distinto. Su regreso a la Presidencia Municipal de Torreón es interpretado como una señal del fortalecimiento del liderazgo político del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien marca el rumbo de las principales decisiones dentro del priismo coahuilense.
El regreso de Riquelme también abre un debate entre la ciudadanía. Existen sectores que consideran que su anterior gestión como alcalde no dejó resultados extraordinarios que permanezcan en la memoria colectiva. Esa percepción representa uno de los principales retos para quien ahora deberá asumir nuevamente la conducción del municipio en un contexto político y social muy diferente al que enfrentó hace más de una década.
Al mismo tiempo, la designación parece convertirse en el punto de partida de una nueva carrera rumbo a 2027. Si Riquelme logra construir una administración estable y con resultados visibles, difícilmente podría descartarse como aspirante a buscar nuevamente la alcaldía mediante el voto ciudadano.
Esa posibilidad lo colocaría frente a otros perfiles del mismo partido, particularmente Verónica Martínez, quien también ha fortalecido su presencia política tras los resultados obtenidos en la reciente elección local.
A ello se suma que Gabriel Elizondo Pérez (incondicional del gobernador) ocupe el escaño que dejaría vacante Riquelme en el Senado de la República, al haber sido su compañero de fórmula. Este movimiento provocaría nuevos ajustes dentro del gabinete estatal y una reconfiguración de posiciones estratégicas en el gobierno de Coahuila.
En política pocas decisiones son aisladas. Cada nombramiento produce una cadena de consecuencias que modifican alianzas, fortalecen liderazgos y generan nuevas disputas. El interinato de Miguel Ángel Riquelme no será la excepción.
Más allá de los acuerdos entre grupos políticos, la verdadera prueba estará en la capacidad del nuevo alcalde para responder a las necesidades de Torreón.
La ciudadanía espera soluciones en materia de seguridad, movilidad, servicios públicos y desarrollo económico, no una administración enfocada en preparar la siguiente contienda electoral. Porque si el interinato termina convirtiéndose en una plataforma política personal, el costo lo pagarán los torreonenses.
En cambio, si se privilegia el interés público por encima de los intereses partidistas, este episodio podría convertirse en una oportunidad, para demostrar que la política aún puede estar al servicio de los ciudadanos y no únicamente de las estrategias del poder.
